En la Unión Europea, el consejo de ministros de Medio
Ambiente, tras 4 años de debates, aprobaba el 12 de junio la modificación de la
normativa de autorización de transgénicos con el acuerdo mayoritario de los
estados miembros: 26 estados miembros votaron a favor, entre ellos España; sólo
Bélgica y Luxemburgo se abstenían. La propuesta de Directiva, que aún debe
pasar por el Parlamento y el Consejo, ha conseguido el voto de países a favor y
en contra de los transgénicos, con lo que una vez que se apruebe, se agiliza el
proceso de autorizaciones de nuevos cultivos transgénicos.
En un contexto en el que la Unión Europea y sus
instituciones sirven a los intereses de las multinacionales agrobiotecnológicas
y está en entredicho la independencia de los científicos que participan en las
evaluaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la nueva
normativa, aparentemente es mejor que la actual porque permite la autonomía de
los estados para prohibir los transgénicos en su territorio. Sin embargo,
aunque en primera instancia un Estado no tendrá que justificar su veto a los
transgénicos, la multinacional afectada puede rechazar el veto. En ese caso el
Estado tendrán que justificar sus razones socioeconómicas, de gestión del
territorio, orden público, política medioambiental o agrícola.
El Acuerdo de Libre Comercio EEUU-UE, que se negocia en
secreto amparará a las empresas que denuncien ante tribunales internacionales a
los estados cuyas normas les causen perjuicios económicos por lucro cesante. Al
permitir que las empresas cuestionen las decisiones de los Estados, la nueva
norma supone una mayor adaptación de las instituciones al nuevo entorno de
libre comercio transatlántico que facilitará la extensión de los cultivos
transgénicos en la UE.
En países con gobiernos protransgénicos -como España- las
multinacionales del agronegocio van a aumentar la contaminación y los cultivos
transgénicos experimentales.
La ministra de agricultura, García Tejerina elogia las
ventajas tecnológicas de los transgénicos ante las que la “UE no puede quedarse
atrás” y celebra el resultado de la votación argumentando que “había que
desbloquear la situación”.
Realmente, este cambio de paso es ventajoso para las
multinacionales, aunque públicamente protesten.
En 16 años sólo han conseguido:
a) el cultivo del maíz transgénico MON 810 autorizado desde 1998 y producido
casi exclusivamente en España que aporta el 90% de las 150.000 hectáreas
declaradas en la UE, según cifras oficiales, y b) la patata Amflora que se
autorizó en 2010 pero fracasó y en 2011 Basf trasladó sus investigaciones fuera
de la UE. Aunque la Comisión Europea declara que no está “ni a favor ni en
contra de los transgénicos”, con la nueva normativa podrá acelerar las
autorizaciones de cultivo sin ser acusada de hacer caso omiso de la voluntad de
los países miembros que habitualmente paralizan las decisiones del Consejo de
Ministros, generalmente en minoría o con una mayoría insuficiente.
No desaparece la unidad jurídica en el ámbito europeo
respecto a la importación y comercialización de transgénicos que seguirá
amparada por el Consejo Europeo. Ningún estado, aunque se declare libre de
transgénicos, podrá prohibir la comercialización de pienso transgénico ni la
entrada de este tipo de alimentos en la cadena alimentaria. Esto significa que
seguiremos consumiendo transgénicos a través de los productos de origen animal,
lo que nos hace corresponsables de los daños sobre la población fumigada con
glifosato para tratar la soja transgénica que alimenta nuestro ganado. Tampoco
se reducirán los cultivos experimentales a cielo abierto en los que el estado
español está a la cabeza en Europa.
No hay condiciones políticas en España para esperar la
prohibición de cultivos transgénicos a nivel estatal. Los gobiernos del PP y
del PSOE han garantizado la continuidad de los cultivos comerciales y
experimentales de transgénicos incluso en los 4 años de moratoria europea (de
11-6-1999 a 19-5-2004) y siguen incumpliendo la obligación de transparencia
sobre su localización, impidiendo así el seguimiento de sus impactos. La
oposición social a los transgénicos -rota la unidad antitransgénicos en 2005
para negociar con el gobierno del PSOE una imposible coexistencia- no ha
desbordado, hasta ahora, la voluntad del PSOE y hace tiempo que abandonó las
demostraciones masivas en la calle.
Hay más razones que nunca para exigir la prohibición total
de cultivos y alimentos transgénicos. Defendamos a las víctimas de los
transgénicos, apoyándonos en los científicos independientes que les defienden.
La directiva aún no está aprobada y podemos aprovechar su proceso de debate para
conformar una nueva unidad en la oposición a los transgénicos con vocación
internacionalista y sume voluntades.
Por la Salud, la Seguridad y la Soberanía Alimentarias
16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación
Agroecológica sin Transgénicos ni Agrotóxicos
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